Archivos en ‘Política balear’.

La responsabilidad del Gobierno del PSOE y Podemos en este desastre

26

03 2020

Pedro Sánchez y todos sus ministros, así como el resto de dirigentes del PSOE y Podemos, deben estar aterrorizados ante la perspectiva de que se consolide la idea – del todo cierta, por otro lado – que su imprevisión ha intensificado este desastre que estamos sufriendo y que nadie sabe cuándo va a acabar. Sólo sabemos que seguiremos encerrados en casa por bastante tiempo y que cuando empiece a amainar la destructiva tormenta sanitaria provocada por el coronavirus el panorama que quedará será una economía desolada. 

En especial así será en Baleares, donde el monocultivo turístico – como en Canarias – está bastante por encima del resto de regiones. Aquí el sector turístico aporta al PIB de forma directa el 35% y de manera indirecta a través del sector servicios que es su vasallo casi al completo el 45%, lo que hace que 8,5 euros de cada 10 que genera la actividad productiva balear se deba a la industria de los visitantes. 

Y resulta que el turismo ha quedado a cero y, como reconocía la vicepresidenta de la Federación Hotelera, María José Aguiló, dado que el verano está perdido o casi – decir lo contrario, como asegura Francina Armengol, no es más que “la expresión de un deseo”, en palabras de la citada representante empresarial – la situación que tenemos por delante es un páramo: “más de un año” para recuperarnos auguraba Antoni Riera, catedrático de Economía Aplicada de la UIB y director de la Fundación Impulsa. 

En otras regiones estarán mejor porque sus industrias y sector primario puedan reaccionar pronto – algo de lo que aquí no tenemos – y porque la mayor parte de su sector terciario está diversificado y no es de monocultivo turístico. Sin embargo el golpe será muy duro también. Y cualquier gobernante sabe que si la situación económica es mala y se le puede apuntar como responsable, su destino está casi cantado. Más todavía si, como es el caso, además hay que lamentar por la crisis sanitaria un desastre humano cuyas dimensiones son difícilmente soportables en el momento de escribir estas líneas y sin duda va a ser mucho peor en cuanto esta pesadilla acabe. La psicología de la persona la hace acostumbrarse a todo para superar cualquier adversidad y por eso miramos ahora el parte diario de muertos con la fatalidad estadística de quien vive como estando en una película de terror que no podemos dar crédito que sea cierta, pero el día que esto termine y miremos hacia atrás el dolor y la estupefacción mutarán en rabia. Y alguien tendrá que pagar. 

Ése es el gran miedo de Sánchez, Pablo Iglesias y compañía. Y es posible que en parte tengan razón cuando pretenden que ellos han hecho lo que les han dicho los “expertos”. Pero siendo cierto no pasa de ser un subterfugio cuya ridícula condicion miserable va quedando en evidencia así como van pasando los días y sumamos más y más muertos. 

Las comparaciones son tan odiosas como imprescindibles para dejar clara la diferente forma de prepararse para hacer frente a la amenaza. Puede ser cierto que en diciembre ningún gobierno ni experto occidental comprendiera el alcance mortífero del coronavirus, pero cuando en enero China experimentaba el ataque feroz ya resulta menos creíble que no se entendiera el potencial desastre. Y que en febrero nadie pudiera imaginarlo ya es mentira. Ni más ni menos: mentira. Porque hubo gobiernos europeos que no menospreciaron la amenaza, como sí hizo el español. El de Alemania, por ejemplo, cuando vio lo que empezaba a pasar en Italia dio orden de adquirir tanto material como se pudiera para dotar mejor todo el sistema sanitario y mejorar la capacidad de las UCI del país. O Noruega, que al tener el primer caso, su primera ministra empezó a ordenar preparar las medidas preventivas que impuso al cabo de una semana. O Dinamarca, que más o menos optó por lo mismo que su vecina del norte. Y todo esto se daba a finales de febrero y principios de marzo, cuando Madrid era una fiesta y se nos decía que no pasaba nada, que el “mejor sistema sanitario del mundo” no tenía de qué preocuparse, que el “bicho” no iba a ser tan nocivo aquí como se mostraba en China o empezaba a actuar a lo bestia en Italia… Y así un largo bla-bla-bla de nuestro Gobierno. 

Cuando esto pase, en fin, será el momento de exigir responsabilidades. Y habrá muchas que pedir, por mucho que los responsables ya estén en plena campaña mediática y propagandística de hacer ver que ellos no tienen ninguna, como que -talmente ha dicho Irene Montero – todo ha sido cosa “de los expertos y nosotros hicimos lo que ellos nos dijeron”. No se puede tener la cara más dura. 

La amenaza, el liderazgo y las reacciones de Sánchez y de Armengol

15

03 2020

En una situación como la presente, con tan grave epidemia campando por todo,no cabe otra que seguir las instrucciones que la autoridad decida. Hay que confiar en ella. Aunque a veces sea difícil. 

No hay duda de que el avance de la amenaza es el que marca los tiempos y naturaleza de la reacción de Sanidad. No obstante, la forma en que luego el poder institucional traslada a decisiones políticas los consejos de los especialistas no siempre se corresponde a como debería hacerse. Se nota si se contrasta la gestión de la crisis que hacen el Govern de Francina Armengol y el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Mientras que el Ejecutivo balear decide en función de cómo evolucionan los acontecimientos pero siempre da respuestas concretas e inmediatas,no pasa igual con todas las determinaciones que ha tomado Sánchez y su equipo gubernamental. 

No puede entenderse de ningún modo que Madrid no fuera cerrada desde el mismo momento en que se tuvo plena conciencia de que la epidemia estaba descontrolada en la capital. El resultado de la falta de decisión fue que miles de madrileños aprovecharon para irse de vacaciones a la Comunidad Valenciana y a Murcia. Esto no se aguanta ni se puede aceptar. En tiempos de tan grave infección masiva un movimiento de población tan grande es talmente como la ha definido el socio valenciano del PSOE, Compromís: “una insensatez”. Ni más ni menos. 

Todavía es más gráfico que el Gobierno nacional decretara la prohibición de recibir vuelos desde Italia y sin embargo no hiciera lo propio con el tráfico marítimo que llegaba de aquel país. Con el resultado que arribaron a Palma más de 3.000 cruceristas italianos, paseándose por la Palma antigua como si nada. Esta locura era tan obscena que Francina Armengol tuvo que salir a afear en público la incomprensible actitud de Sánchez y sus miembros del Ejecutivo. ¿No había nadie en éste que entendiera la necesidad de parar también la vía marítima? ¿ Es que al no tener mar en la Meseta les importa una higa lo que ocurraen el litoral?… 

En el caso de la actuación del Govern de Francina Armengol puede que haya gente que considere que podría haberse hecho mejor algo. Siempre se puede así considerar. Cómo negarlo. Pero cuando ha sido necesario ha tomado las decisiones adecuadas con sentido y determinación. E incluso cuando ha dudado -como con el cierre de los centros educativos – ha rectificado de forma inmediata y ha hecho lo debido. Y no le ha temblado el pulso -como sí le ha ocurrido a Sánchez demasiado a menudo – cuando se ha tratado de cerrar lo que sólo un par de días antes resultaba inimaginable -discotecas, grandes bares, gimnasios, etc. -. 

El Gobierno nacional, por su lado, ha actuado a la contra. Ha decretado el estado de alarma cuando tenía la mitad de los gobiernos autonómicos yendo cada cual por su lado, decidiendo medidas de emergencia ante la pasmosa inoperancia de Madrid. 

En contexto complicados y graves como el actuales imprescindible el liderazgo político. Francina Armengol desmuestra que es una líder. No del todo pasa así con Sánchez.

El regionalismo y el nacionalismo centrista en Baleares y la crisis del PI

28

02 2020

El regionalismo político nunca ha cuajado del todo en la urnas en Baleares. Ni siquiera los que en ese ámbito ideológico se reconocen tienen muy claro en qué consiste. Para algunos es un estadio inicial que conduce de forma inexorable al nacionalismo. Otros consideran que es justo lo contrario, una especie de antídoto contra el nacionalismo. A menudo unos y otros han intentado cohabitar bajo unas mismas siglas, pero todas y cada una de estas aventuras ha acabado mal.

En los últimos cuarenta y tres años nada menos que once experimentos de esa naturaleza se han intentado. A saber: Unió Autonomista y Unió Democràtica de les Illes Balears en 1977, Unió Mallorquina desde 1982 -aunque a partir de 1993 podría considerarse otra formación-, en 1983 surgieron la Candidatura Independent de Menorca y Partit Demòcrata Liberal -que siendo de ámbito nacional sin embargo en Baleares formó grupo parlamentario regionalista con UM y los independientes menorquinistas -, Centro Democrático y Social en 1987 – cuando su líder isleño, Josep Melià i Pericàs, intentó convertirlo en un partido autónomo de su referencia nacional liderada por Adolfo Suárez -, Unió Balear en 1998, Unió Independent de Mallorca y Convergència Balear en 1991, Lliga Regionalista y Convergència per les Illes en 2011. Y, finalmente, el PI actual, que, como es de sobra conocido, está atravesando una grave crisis que es fácil que lo arrastre hacia la nada, si no reacciona. 

Son once intentos ya fracasados y uno, el PI, que ya se verá qué pasa con él. Dicen los entendidos en demoscopia, como por ejemplo el experto Gonzalo Adán -director del Instituto de Estudios Social que hace las encuestas de intención de voto para Última Hora y que en los últimos años ha retratado a la perfección las grandes corrientes de intención de voto en la región – que existe un nicho de potencial sufragio para este ámbito. Así que habrá que concluir que el problema es de definición del proyecto. De incapacidad de definirlo por parte de los dirigentes de cada operación, cabría precisar. 

Y la verdad es que esta conclusión, a la vista de la gran cantidad de operaciones orgánicas y electorales fracasadas, se abre camino como la única explicación plausible. En efecto, en ningún momento los que han dirigido alguno de esos partidos ha tenido claro nada, no ya qué quiere ofrecer a sus potenciales votantes sino ni siquiera cómo se define a sí mismo. 

Ahora es lo que está pasando -otra vez, por duodécima ocasión – en la actual formulación orgánica de ese ámbito ideológico, el PI. Los hay que son catalanistas, otros mallorquinistas, otros balearistas, unos se consideran regionalistas y por ende españoles y los de más allá nacionalistas y por nada se definirían como españoles… 

Como en otros partidos con identidad múltiple, mientras las cosas fueron bien – tras los buenos resultados electorales de 2015 que daban esperanza de futuro en ser decisivos a la hora de inclinar la balanza de un Govern de centro derecha o de centro izquierda – las muchas ramas se mantuvieron bien enganchadas al tronco, pero al venir el primer bofetón fuerte – las elecciones de mayo pasado, cuando esperaban ser decisivos y no lo fueron – cada parte estira para su lado y no hay acuerdo en nada, ni si el resultado merece un cambio o no, si cabe incidir más en el regionalismo o en el nacionalismo, si hay que buscar pactos institucionales o no, qué estrategia opositora autonómica hay que seguir… Y para acabar de redondear el desastre, su líder, Jaume Font, anuncia que dimite, la tensión interna crece, hay bajas de militantes y mucha desorientación tanto entre las bases como entre la dirigencia. 

Vistos los antecedentes, quizás lo que ocurre en el PI sea lo inexorable. Más o menos en todos los anteriores casos ha pasado igual. La maldición regionalista. 

El franquismo, el Gobierno, el neocomunismo, el neofascismo y la libertad de expresión

15

02 2020

El Gobierno del PSOE aliado con la ultraizquierda ha anunciado que pretende convertir en delito la apología del franquismo. Muchos juristas ven la posibilidad como un intolerable atentado contra la libertad de expresión. Y no pocos de ellos le dan un recorrido muy corto porque, aseguran, contraviene con claridad la Constitución. Ojalá todo quede en nada o, en el peor de los casos, el Tribunal Constitucional se la cargue porque en efecto es uno de los peores ataques a la democracia desde que ésta existe en nuestro país. 

Quizá sea una casualidad sin importancia, sin embargo casi al mismo tiempo que se conocía el interés del socialismo de Pedro Sánchez y de Podemos en legislar contra la libertad de expresión, la sección sindical de CC.OO en RTVE exigía a la dirección que vetase una entrevista con el líder de Vox, Santiago Abascal, argumentando que es un peligro para la democracia. La forma más efectiva de carcomer la democracia es la de esos estalinistas que pretendían dejar sin derecho de expresión a Abascal, que aún siendo, que lo es, un neofascista, le acoge el mismo derecho a expresarse con libertad que a cualquier otro ciudadanos. Un inciso importante: la dirección federal de CC.OO se desmarcó de la pretensión totalitaria de sus agentes de RTVE. Lo cual está muy bien, pero se notaron a faltar posiciones públicas inequívocas a favor de la libertad de expresión de Abascal de aquellos que tanto claman por ella cuando se la ataca desde la derecha, comenzando por los sindicatos y asociaciones de periodistas que han practicado en este caso la vergonzosa mudez interesada. 

La libertad de expresión no puede ser matizada por ideología alguna o interés político de circunstancias. No es para unos, no es para lo que a cada uno nos guste oír. Es para todos. Y cuando se la defiende con mejor encomio es cuando lo que oímos nos produce arcadas y sin embargo reconocemos el derecho a expresarlo. No hace falta recurrir al manido ejemplo de lo que dijo Churchill al respecto en recordada ocasión, basta ver lo que acontece en nuestro país para darse cuenta de la trascendencia que tiene la intención del Gobierno de atentar contra la opinión libre. En efecto, los demócratas hemos criticado – nunca de forma suficiente – la condena a Valtonyc y la existencia de delitos como el enaltecimientos del terrorismo, las injurias al Jefe del Estado o los castigos legales por atentar contra el sentimiento de creencias extraterrenales porque son rémoras de excepciones legales del todo incompatibles con la democracia y a pesar de ello las padecemos y nos avergüenzan continuamente en Europa. Mismamente: la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en 2018 anuló la condena a dos activistas separatistas catalanes que habían sido castigados por quemar retratos del Jefe del Estado; los magistrados concluyeron que se trataba de un hecho acogido por la libertad de expresión. Si los demócratas y en especial los periodistas de esa orientación ideológica defendemos con ahínco el derecho a expresar cualquier opinión sin la amenaza de la persecución legal, tal derecho no puede verse limitado por una ideología cualquiera y es inaceptable que no exista la misma capacidad de expresar cualquier idea, incluidas la contrarias alas libertades. La fortaleza de la democracia se basa en que no se castigan opiniones. Con las limitaciones, claro está, que son de sentido común: insultos, amenazas, intromisiones en intimidad y contra el honor, etcétera. De ningún modo cabe entender como parte de esos casos la expresión de una opinión o idea, por mucho que sea defensora de los valores o hechos del franquismo. Sólo los antidemócratas comunistas pueden justificar una actuación liberticida así. 

Talmente esto último hacía Pablo Echenique, dirigente de la formación ultraizquierdista que lastra al PSOE a posiciones peligrosas, cuando defendía proscribir que la libertad de expresión ampare la defensa del franquismo. Aseguraba que ocurre algo igual en Alemania para con el nazismo. Es curiosa esta obsesión de los totalitarios hermanados -los que como Echenique son de ultraizquierda y los que como Abascal son de ultraderecha – en invocar el caso germánico. Dicen los neocomunistas que la apología del nazismo está allí prohibida. Y dicen los neofascistas que lo están los independentismos y comunismos. Unos y otros ocultan una parte de la realidad que es esencial. Bien saben todos ellos que una Constitución democrática se basa en el hecho seminal de ser refrendada por sus ciudadanos o, al menos, que los que la aprueban sean elegidos en libertad y sin cortapisas en su actuación, y que ésa es su fuerza principal que la separa radicalmente de cualquier norma fundamental no democrática. Pues bien, en Alemania no ocurre así. Ni siquiera se llama Constitución. Y no es por casualidad. La Ley Fundamental de la República Federal fue aprobada en 1949 por un cuerpo legislativo impuesto por las potencias ocupantes de una parte del país: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y fueron los gobiernos de estos tres invasores los que tutelaron e hicieron aprobar la Ley Fundamental que nunca fue refrendada por el pueblo. Ni siquiera cuando se dio la unificación del país y se restó al nombre lo de “Federal” para convertirse en la Carta legal básica de toda Alemania. Cierto es que en otros países de democracia antigua tampoco hubo refrendo popular de su respectiva Constitución pero el legislativo que las aprobó era electo -según las normas coetáneas vigentes en cada caso, no por fuerza homologables a lo que hoy entendemos por tal – y no tutelado. Otrosí: medio país había caído bajo la salvaje bota de la dictadura comunista cuando se redactó la Ley Fundamental de la República Federal y a la sazón esta porción del territorio, por si faltaba algo, todavía estaba bajo el proceso legal de desnazificación que duró hasta 1951, amén de que se conocía la existencia de un grupo terrorista nazi –el Werwolf – que atentaba contra los ocupantes y que al diluirse pasó a ser parte del más preocupante ejército alemán en la sombra formado unos 2.000 efectivos de las fuerzas armadas nazis -no pocos de sus altos oficiales y generales lo fueron después del ejército regular alemán- cuyo objetivo era tomar el poder en caso de amenaza soviética. O sea: las prevenciones antidemocráticas previstas en la Ley Fundamental se pueden entender por el contexto que se daba entonces en Alemania, pero con el transcurrir de las décadas algunos de tales recelos legales en nada han quedado en la práctica -hasta 3 partidos comunistas ha habido en el país y en Baviera su Partido Nacionalista es independentista y nunca se ha prohibido a ninguno de ellos participar en las elecciones, al contrario de lo que sostiene la ultraderecha española– y la que queda de aquellas excepciones antidemocráticas, como es la limitación de la libertad de expresión para que no acoja la apología nazi, de ninguna manera pueden ser un ejemplo a seguir -como pretende nuestra ultraizquierda – para un demócrata hoy en día en España, más bien hay que huir de ellas como de la peste, porque tal son este tipo de limitaciones que lejos de proteger las libertades y la democracia lo que hacen es carcomerlas con más eficiencia que los propios totalitarios, sean neofascistas o neocomunistas.

La reforma del Código Penal, los presos y el futuro

24

01 2020

La posibilidad que el Gobierno de Pedro Sánchez busque, sea de forma directa –a través de un proyecto de ley– o indirecta -como proposición de ley presentada por el PSOE u otro grupo parlamentario, como el de Podemos-, una reforma del Código Penal ha suscitado una enorme polémica -y van… – por la intención, obvia, de reducir las penas a las que han sido condenados los dirigentes independentistas catalanes. Así, aplicando, como es de ley, la pena más favorable al reo, alcanzarían la plena libertad –contando que antes habrán tenido beneficios penitenciarios, como permisos u otros- mucho más pronto de lo que el horizonte de cada pena impuesta prevé ahora mismo. 

Es comprensible que el interés del Gobierno sea chocante para muchos españoles e incluso que otros consideren que es vergonzoso, pero no existe otro camino para intentar alcanzar una salida a lo que se vive en Cataluña. Cuando se trata de buscar obtener alternativa a un conflicto político, haya o no violencia de por medio, la negociación política es la única posibilidad, diga lo que diga la ley. Hay que tener un poco de perspectiva. La paz en el País Vasco sólo fue posible a cambio de la generosidad democrática de aceptar ir viendo a los terroristas por la calle. Sí, es duro para las víctimas y para cualquier demócrata. Pero es que no existe alternativa. Ocurrió igual en otros países. En Italia los líderes de las Brigadas Rojas cumplieron cárcel pero salieron más pronto de lo previsto por la generosidad democrática, lo mismo ocurrió en Alemania con terroristas de la Fracción del Ejército Rojo -si bien es cierto que sus tres principales líderes murieron en la cárcel en extrañas circunstancias– y por supuesto igual acontece en Gran Bretaña con los asesinos del IRA. Y remontémonos un poco antes: tras la Segunda Guerra Mundial la inmensa mayor parte de los homicidas nazis no fueron perseguidos y vivieron cómodamente en libertad hasta el fin de sus días en Alemania y Austria, igual que los fascistas en Italia y los criminales comunistas -tras la caída de las respectivas dictaduras- en Rusia, Lituania, Estonia, Serbia, Hungría, Polonia… No existe, no puede existir, futuro sin cerrar el pasado. Duro, sí, pero inevitable. 

Si en todos los países que padecieron estos movimientos políticos sanguinarios se ha ganado el futuro en paz y libertad a base de la extrema generosidad democrática, ¿cómo no iba España a perseguir el mismo objetivo en Cataluña a partir de igual generosidad si los separatistas no han usado la violencia? Por esto mismo con más razón, por supuesto. 

El “a por ellos” y los discursos ultra impostados tipo el de Borbón en octubre de 2017 pueden ser buenos para la digestión estomacal primaria, pero de ellos nunca en ningún país se ha obtenido nada en clave de futuro en libertad, democracia y en paz. 

En la España mesetaria existe una querencia evidente, que viene de antaño , a explicar la realidad que no se quiere asumir por la conjuración extranjera o quintacolumnista -y a menudo de ambas a la vez – que pretende sojuzgar la sagrada soberanía nacional que para muchos, y como dijo en celebrada ocasión la ultra nacionalista Esperanza Aguirre, “tiene 3.000 años de historia”. Todavía resuenan ecos de delirios imperiales. Una parte de los políticos que hacen carrera en la Villa y Corte nunca han asumido -todavía hoy- la que fue dramática pérdida del imperio y, mucho menos, de las últimas colonias en 1898: ahí está como prueba el éxito editorial de la fantasiosa novela de María Elvira Roca “Imperiofobia y leyenda negra”-

Déjense al margen las quimeras nacionalistas de un lado y otro – “Cataluña tiene mil años” es la tontería hermanada con la de Aguirre –, las ansias de sometimiento del nacionalismo catalán y céntrese el interés nacional en aceptar la realidad: que hay que resolver la cuestión del encaje del País Vasco y Cataluña en el conjunto del Estado. Son diferentes políticamente y como tales hay que tratarlos. Y lo son no por razón lingüística, no por razón cultural, no por razón histórica, no por otra razón que la democrática de comprobar que en ambas regiones se vota diferente al resto del país desde siempre: ¿acaso no basta? Es así de sencillo. Acéptese la evidencia y actúese en consecuencia. Es lo más sencillo, justo y, sobre todo, necesario. 

Si se así se asume, la reforma del Código Penal es el primer paso para la consecución de una posible salida del bucle catalán que permita que luego, con tranquilidad y con el tiempo que sea necesario, ir a la búsqueda de una estructura de Estado razonablemente buena o, al menos, aceptable para todos. 

Sánchez, su investidura, el pacto con ERC y PNV y la (posible) nueva España

11

01 2020

Los mismos que se reían de Pedro Sánchez porque “nunca” conseguiría pactar con ERC, pues era “imposible” tal acuerdo, ahora se suman a los que entonces clamaban contra la que veían segura ruptura de España, que son los que en tan pretéritos tiempos como 2004 ya se echaban a las calles contra igual apocalipsis nacional provocado, decían, por los impíos rojos y sus demoníacos socios de ERC y PSC. Hay cosas, como se ve, que se mantienen incólumes a través de las décadas en la tan peculiar política española. 

Sánchez es un personaje único. Al no estar lastrado -como servidor ha analizado muchas veces, aquí mismo también en más de una ocasión– por escrúpulos, principios ni ideología -ni, debe añadirse,vasallaje alguno a su partido, sea al resto de dirigentes o, mucho menos, a los afiliados – tiene plena libertad para hacer la política que más le convenga a él, sólo a él y a nadie más que a él. Que es lo que hace. Como me dijo una persona, compañera suya, que lo conoce muy bien, “Pedro sería capaz de acabar con el partido si así cree que conseguirá (convertir en realidad) su ambición personal”. Fue cuando después de la guerra interna desatada en el PSOE (septiembre y octubre de 2016) se habían convocado las mal llamadas “primarias” para elegir el secretario general (mayo 2017) del partido. No creo que haya cambiado de opinión, aunque ahora, a la fuerza ahorcan, intenta llevarse bien con él. Valga la referencia para abundar en la explicación: Sánchez es un tipo que piensa en él y todo lo demás para él es entre secundario y marginal. O inexistente. 

Su forma de ser se refleja en la insólita personalidad política disociada de la que hace gala. O sea: no es el mismo en función de las circunstancias. Lo dijo Carmen Calvo en celebrada y recordada ocasión: lo que había prometido cuando era secretario general no valía para nada cuando ya era presidente. Por la misma razón es perfectamente capaz de decirles a ERC, PNV, Bildu y demás que lo que acordó con ellos fue en su naturaleza de aspirante a la investidura y que, según la doctrina Calvo, no tiene por qué ser lo que haga o diga ahora al ser ya presidente efectivo y por tanto no hay razón para cumplirlo. No faltan -y aunque parezca mentira, no es broma– los socialistas que así explican los pactos con los “indepes”, aseguran que no los cumplirá. Es posible. Ya se verá. 

En cualquier caso, si se analiza la negociación e investidura por ellas mismas y al margen de las concreciones futuras que puedan lograrse en la famosa “mesa de negociación”– si es que alguna se alcanza– , el avance de las posiciones políticas separatistas es meridiano. No, España no va a romperse. Por ahora. Lo que entra dentro de lo posible es que Sánchez, al estar libre de las cargas de todo tipo – ideológicas, políticas, éticas, orgánicas… – con las que todos los demás presidentes del Gobierno han tenido que apechugar pueda culminar algún tipo de acuerdo con ERC y el PNV que, al ir desarrollándose en los próximos cuatro años, vaya cambiando la relación entre el Gobierno y los ejecutivos autonómicos de Cataluña y País Vasco. En el sentido que los respectivos autogobiernos se incrementen mucho -mediante transferencias de poder político, económico y sentimental (selecciones deportivas, por ejemplo)– a través no de la reforma de la Constitución -que requeriría del voto del PP, que no parece probable que lo ceda – pero sí de nuevas leyes y de la muda de otras existentes, amén de la práctica política desde el Ejecutivo -verbigracia: no recurriendo ciertas leyes vascas y catalanas al Constitucional, no poniendo trabas al incumplimiento de sentencias del Supremo y del Constitucional al respecto del idioma en ambas comunidades… -. Esto sí que es posible, incluso probable, que se consiga. Si es que el acuerdo base con ERC no salta por los aires fruto de la presión contraria combinada del puigdemontismo y de la derecha política, jurídica, empresarial e institucional, lo cual no puede descartarse de ningún modo, tal es la ofensiva que han desatado. 

Pase lo que pase en el futuro inmediato y a medio plazo es indudable que, como poco, desde la negociación post-electoral PSOE-ERC-PNV y con la investidura el separatismo ya ha alcanzado unos éxitos que nadie pensaba que iban a ser posibles. Son de orden propagandístico -y éste es política, sin duda-, si se quiere, pero existen. No sólo es -que también y no es poca cosa– que el PSOE y Sánchez hayan asumido el lenguaje soberanista. Es que hace siete u ocho años nadie en Europa sabía quiénes eran los “indepes” catalanes y hoy son estrellas mediáticas y políticas. Han alterado en este tiempo la jurisprudencia sobre la inmunidad de los europarlamentarios. Los altos estamentos judiciales de los principales países europeos se plantean qué podrían resolver en caso de llegarles algún conflicto relacionado con la cuestión. El conflicto catalán sonaba a la sazón a marcianada y hoy está en la agenda -de forma sorda, sin duda, pero en ella – de los gobiernos y de la propia Unión Europea. Todos estos estamentos europeos están estupefactos ante el hecho de que parte de los que hace dos años eran perseguidos por la justicia española -y hoy encarcelados- ahora han negociado la investidura del Gobierno del país del que quieren desgajar su territorio: si esto por sí solo no es ya una gran victoria…

Pero por encima de todas estas constataciones aún mucho más relevante es que la intentona secesionista de 2017 -por muy burda, impostada y fantasiosa que fuera – que mereció la persecución judicial, lejos de tener por respuesta del Gobierno del Estado la proscripción política de sus protagonistas éste va darles un premio en forma de más poder institucional autonómico. Algo que sorprende y a la vez fascina por ahí afuera porque desvanece el discurso que criminaliza el independentismo. 

No puede dudarse, en fin, que el separatismo ha conseguido una gran victoria. Cuyo alcance exacto no se puede conocer ahora mismo. Nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro, pero no cabe duda de que en relación a la reivindicación catalana –y vasca– de independencia nada es igual a hace unos pocos, muy pocos años antes.

Junqueras, nuestra justicia , la verdadera justicia democrática (europea) y el español silencio de los corderos

22

12 2019

Lo peor, con diferencia, de este último episodio -que no será el que cerrará la serie, vendrán más, no lo duden – de avergonzamiento público de la justicia española por parte de la europea, a cuenta de la inmunidad de Oriol Junqueras, no es la cuestión en sí, ni siquiera lo es lo que supone para el personaje más odiado en la España profunda, Carles Puigdemont, ni, mucho menos, lo es el embrollo judicial que plantea. No, lo grave, terrible, es el silencio de los corderos en el Madrid oficial. Que dura desde hace demasiado tiempo. 

¿Es que nadie en la Villa y Corte va a reaccionar, nadie tiene la mínima valentía como para reconocer no vamos bien, que así no, que hay que derogar los delitos de excepción y algunas sospechosas aplicaciones de ciertas leyes? Esto es lo que nos está diciendo la justicia en Europa en el último año y medio, o poco más. ¿O es que alguien es tan simple de creerse que cinco, ¡cinco!, decisiones judiciales europeas que enmiendan principios represores básicos de la ley hispánica en tan breve lapso de tiempo son una encadenación de hechos puntuales sin relación entre sí o, más alucinante todavía, resultado de una especie de conspiración contra España? Ni por remota casualidad. De lo que se trata es de serias advertencias en el sentido que un país básico para la Unión no puede estar aplicando ciertas normas excepcionales que no casan con la democracia e interpretando otras ordinarias de forma que en la práctica suponen un forzamiento brutal del Estado de Derecho. En España no hay presos políticos. Pero sí que se ha forzado la ley por razón política para que los presos independentistas paguen sus acciones porque de otro modo no podrían haber sido castigados preventivamente y luego en firme con tamaña desproporción. Esto es lo que le dice Europa a España, en el fondo. Y en Madrid nadie quiere darse por enterado. 

En marzo de 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la condena a un año y medio de cárcel -con posibilidad de sustitución por multa económica – a dos separatistas catalanes que habían quemado fotos del Borbón que ocupaba en el momento de los hechos, 2007, la Jefatura del Estado, no era punible sino un ejercicio “de libertad de expresión política”. No era un bofetón, ni un varapalo, ni un golpe… No, era una enmienda a la totalidad de la existencia de la especial protección legal del Jefe del Estado. O de otra manera dicho: no hay democracia en la que exista esa excepcionalidad legal. La cual se pudo entender en su momento por la necesidad de dar estabilidad, cuando el país salía de la dictadura, al menos en la institución representativa, aislándola del debate político y de la crítica. Bien, pero eso ya es historia. No puede mantenerse la excepcionalidad por siempre, porque acaba por ser lo que Europa nos está diciendo que es: una aberración incompatible con la democracia. Sin embargo, nadie, nadie, ni una sola representación de ese Estado que tanto se llena sus bocas de decir que es de Derecho ha tomado en serio la decisión judicial referida. Nadie quiere ver lo que debe hacerse. Derogar esas antidemocráticas protecciones legales especiales de la Jefatura del Estado. Si no me creen, hagan el siguiente ejercicio: proyecten sobre la Jefatura del Estado de la República de los Estados Unidos de Norteamérica o sobre la del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte la misma protección legal excepcional que tiene la española y añádanle las críticas, burlas, escarnios, ofensas y ataques que reciben de forma habitual por parte de políticos, prensa y ciudadanos. Medio país respectivo estaría en la cárcel con los criterios de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional españoles. 

Pero es que no se queda aquí la cosa. Tras esa sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos citada se han producido otras cuatro decisiones de las justicias de Bélgica, Alemania, Escocia -en relación a las extradiciones – y la Unión Europea -la inmunidad de Oriol Junqueras – que han rectificado de forma brutal las pretensiones represoras de las más altas instancias judiciales españolas al respecto de la persecución de los independentistas catalanes. Y en el Madrid oficial siguen silbando y mirando hacia todos los lados menos a Europa. 

Es normal que los fascistas aprovechen todas esas lecciones de democracia y Estado de Derecho para intentar vender su antieuropeismo hasta ahora larvado,pues su aspiración es cargarse la libertad y nada mejor para conseguirlo que insistir en el “Spain is different” de siempre, en el discurso de “Santiago y cierra España” y los etcéteras típicos y tópicos que ayudan a carcomer el régimen de libertades. Lo preocupante no es eso sino esa costra de caspa solidificada en forma de perversión democrática que va notándose en muchos ámbitos del Estado y que da por “normal” todo lo que está pasando y que a la vez, de hecho, pretende que “no nos entienden” por ahí afuera para así justificar el mantenimiento de las excepcionalidades legales – a las que habría que añadir el bestial “enaltecimiento del terrorismo”, una absoluta vergüenza que convierte en delitos meras opiniones- , sin que al parecer haya la más mínima necesidad de preguntarse si no será que en lugar de ir mal todas las justicias europeas la que no va del todo bien es la nuestra.

El alcalde Oliver, el tenista y hotelero Nadal, la famosa carta y el «tenir bo» como esencia de la mallorquinidad

08

12 2019

El rico empresario hotelero, amén de tenista, Rafael Nadal, ha hecho escribir una carta pública que él firma dirigida al alcalde de la localidad que le vio nacer, Manacor, Miquel Oliver, en la que confirma que ha obtenido trato de favor del Parlamento balear y, a la vez, argumenta que tal deferencia hacia su augusta persona por parte de los políticos regionales es del todo legal y democrática. De lo que sea legal nadie, que se conozca, ha dudado jamás. De hecho fue el trato de favor el que convirtió en legal el objeto de polémica. Y respecto a lo democrático, bueno: ni Nadal ni sus escribidores son doctores en Politología así que no cabe ser crueles con su ignorancia al respecto de lo que es la democracia. 

Yendo a la cuestión básica, si se arguye – tal y como hacía Oliver- que el Parlamento regional dio trato de favor al susodicho empresario es porque se le concedió lo que a un ciudadano cualquiera de ningún modo se le daría. ¿O acaso conoce alguien un caso igual o semejante tratándose de un ciudadano cualquiera? Claro que hubo trato de favor. Y de hecho fueron dos, pues la Cámara en dos ocasiones ha favorecido sus intereses particulares. Todo lo demás que se dice en la famosa carta pública son las vacuidades típicas de quien necesita justificar no se sabe qué, pues que su empresa de referencia dé trabajo a equis personas no tiene la menor relación con el trato de favor que se le ha otorgado, que él lleve su “manacoridad” -sea lo que sea tal cosa – por el mundo pegando a una pelota con una raqueta no supone ningún misterioso vínculo con el fondo de la cuestión, que sus intereses particulares hayan sido favorecidos está al margen de que haya erigido su hotel y resto de negocio en Manacor y no “en cualquier otra parte del mundo” o, en fin, que su filantropía esté por encima de la del resto de hoteleros tampoco atañe a nada a la cuestión esencial.

Pocas veces una carta pública desdice el objetivo que aparenta perseguir. La firmada por Nadal lo consigue con meridiana y absoluta rotundidad. En efecto, los escribientes de la cosa debieron recibir el encargo por parte del empresario de “demostrar” que no ha habido trato de favor y ellos, unos linces de la redacción, confirman que lo dicho por el alcalde Miquel Oliver es exactamente cierto: que hubo trato de favor del Parlamento que convirtió en posible lo que de otro modo hubiera sido ilegal e imposible de llevar a cabo y que a efectos del pago de tasas – la parte enternecedoramente ridícula de la historia – se evidencia que se han satisfecho tal y como dijo el regidor -que sí, pero luego de habérsele pedido que lo hiciera – con todo lo cual confirman que Oliver tenía razón, sobre todo al poner de relieve lo que, por otro lado, todos sabemos. Que los que se dedican a la hostelería, como Nadal, tienen en esta tierra un trato de favor permanente por parte de los políticos -incluido el partido al que pertenece Oliver, por cierto – y que él lo ha tenido amén de por su condición empresarial por los contactos derivados de su éxito tenístico. 

Bien, todo esto ya lo sabíamos todos. Entonces ¿qué nos quería decir Nadal con su carta pública si lo del trato de favor es una perogrullada, lo de los tasas es tan ridículo que da vergüenza ajena y lo de su“manacoridad” parece como cosa propia de los territorios de la religión y en cualquiera caso es algo ajeno a los no manacorenses? Pues no hay respuesta. No se sabe cuál es el objetivo de la misiva. ¿Tal vez es una manera de dejar claro a todos que al ser rico y hotelero – con perdón por la redundancia – amén de dedicarse a la raqueta tiene contactos de altísimo nivel que nos son negados por razón de clase al resto de mortales, tanto que el Parlamento balear legisla como él quiere? Pues quizás podría ser éste el sentido último de la carta.Al menos no cabe duda de que es la única información relevanbte que da la misiva.

Eso de lo que tanto se enorgullece el hotelero Nadal se llama, en sociología indígena mallorquina, “tenir bo”. Que podríamos traducir por “tener contactos” aunque en castellano no se acaba de captar del todo la sibilina profunda penetración en el poder que define la expresión indígena. Pero en fin, casi todos entendemos de qué se trata y, a la vista de las respuestas en redes sociales y resto de comentarios al respecto de la polémica, es una obviedad que todos lo aceptamos como algo intrínseco a ser rico y poderoso, no nos parece en absoluto pernicioso para el conjunto social sino más bien parte de la idiosincracia común de la que hay que sentir orgullo: esencia de la mallorquinidad, en fin.Y no, aunque pensemos que por todo es igual no es así. De hecho muchas gentes de otros lares patrios cuando aterrizan aquí se sorprenden de esta interiorizada sumisión al escalonamiento social, con todo lo que conlleva – sobre todo ese antidiluviano y antidemocrático “tenir bo” -, como si hubiera sido éste forjado por designio divino. Pero es que así somos: el empresario Nadal,sus colegas hoteleros, los demás ricos y el resto de nosotros, qué le vamos a hacer.

Madrid, Barcelona, la negociación y nuestra democracia

24

11 2019

Ante la posible negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes se han activado todos los resortes de la España eterna mediática para impedirla a base de mentiras, exageraciones y medias verdades sobre el apocalipsis que se nos advendría. En el fondo es el mismo rostro de la España de vocación imperial que sin imperio alguno languidece entre océanos de caspa, pensándose todavía que lo que ve a través del escaso ángulo de visión que le permiten sus estrechas anteojeras es el mundo entero.No se le queda muy atrás el universo separatista del puigdemonstismo, aquejado de una visión mesiánica convertida en religión más que defensora de una opción política. 

Como a menudo ocurre en este mar de hipérboles e imposturas, ha sido el líder del PSC, Miquel Iceta, el único que ha clavado la cuestión: “si hay voluntad de diálogo, el instrumento no debería ser un problema”, ha afirmado. Así es. Tan simple como esto. De lo que se trata, pues, es de si hay que negociar o si no. Todo lo demás son excusas. 

Las usan, las excusas, de una manera u otra, las dos partes. Tanto el independentismo en Barcelona como el unionismo en Madrid. En ambas orillas existe gente con una clara voluntad de reventar cualquier posibilidad de negociación. En la parte catalana el puigdemontismo apuesta al ‘cuanto peor mejor’, para él. No quiere un verdadero diálogo. Por eso aunque siempre a él apela huye de concretar sobre qué podría erigirse, sobre qué aspectos lógicos quisiera negociar. Para él y sus acólitos todo se reduce a “negociar” cómo se aceptan sus imposiciones. Sin margen para nada más. No es el caso de ERC que parece estar dispuesta al menos a intentar hablar con la otra parte. Una diferencia abismal entre los dos tipos de separatismo. Ahora bien, que ERC tenga esa voluntad de negociar no significa que vaya a poder concretarla porque la capacidad de presión que tiene el puigdemontismo es muy alta y habrá que ver si puede soslayarla y en su caso cómo. En el otro lado también tienen a sus acérrimos defensores de cercenar cualquier atisbo de negociación racional -esto es: política – y a ello dedican sus manipulaciones unos -los medios – y encendidas peroratas los otros – los políticos derechistas – a ver si consiguen así su objetivo. 

Entre unos y otros radicales de ambos ambos situados en las dos orillas hay un flujo en medio, tanto mediático como político que al menos aspira a poder explorar la posibilidad de dialogar, ver si se puede luego negociar y al fin valorar cómo podría llegarse a un acuerdo futuro que supusiera una salida de mínimos para las dos partes. 

Algo tan simple como esto, tan de sentido común, tan habitual en cualquier otra democracia, en este país se ha convertido para muchos de ambas orillas en algo aborrecible. 

No es un buen camino para nuestra democracia. 

Las elecciones, el nuevo Gobierno, la nueva España y la salida para Cataluña

12

11 2019

Que Pedro Sánchez es un político fascinante está fuera de duda y, tras las elecciones generales, ha vuelto otra vez a demostrarlo. El Gobierno de coalición que tanto él mismo, según dijo hace escasas semanas, como “el 95% de los españoles” rechazaba de plano porque le impediría “dormir tranquilo” ahora vale. No me dirán que no sea fascinante un tipo que miente con ese arrojo y desparpajo y que sin embargo lidera el PSOE y el Gobierno nacional a pesar de no tener ideología, principios ni escrúpulos. Merecerá sesudas tesis doctorales en tiempos venideros. 

El personaje es también, por esa ausencia de valores tan suya, el único que puede encarrilar un proceso de potencial salida al bucle catalán. Servidor ya lo he analizado otras veces. Cuando todo era potencial. Ahora ya hay algunos aspectos en acto que conducen hacia la misma conclusión. En primer lugar, la propia existencia de una coalición PSOE-Podemos y demás. En segundo, los movimientos de ERC desmarcándose -por nebulosamente que algunos pretendan que sea – del ultranacionalismo puigdemontista -. Y tres, el activo PSC en el pacto Sánchez – Pablo Iglesias. Y como consecuencia de todo ella, se abre la posibilidad de una negociación seria, o sea sobre posibles objetivos y no ensoñaciones.

En efecto, que exista un acuerdo entre PSOE y Podemos era el paso sin el cual nada hubiera sido posible y todo se hubiera atrasado al menos muchos más años. Al vislumbrarse un Gobierno mixto entre socialistas y morados la reivindicación de la plurinacionalidad de España entra en el poder ejecutivo. Claro que Iglesias no volverá a reclamarla en público ni hará ostentación de esa reivindicación. Pero es suya y seguirá vigente. No es baladí: por primera vez en la historia del Estado Español – o sea, desde la unión dinástica de 1469 y dejando de lado ahora disquisiciones historifílicas sobre si aquello fue tal que la fundación de un nuevo Estado o si no-, entrará en su Gobierno una parte que aspira a repartir la soberanía nacional. De ahí la relevancia del paso dado. Que no implica nada por fuerza para el futuro inmediato pero sin darlo sería imposible avanzar. 

En segundo lugar, ERC ha invertido riesgos importantes para situarse en una posición en la que cuando se diera el primer paso ella estuviera preparada para actuar en correspondencia. Es la parte más peliaguda de todo. Ni puede decir lo que quiere, ni puede dejar sospechar lo que ha negociado con Sánchez a través de Iglesias, ni puede moverse demasiado contra el puigdemontismo todavía ni puede dar ninguna seguridad sobre nada. Así que todo está en el aire, por su lado. Pero se ha movido lo suficiente como para que Podemos y el PSOE vean que lo ha hecho, aunque a vista popular no se perciba y a vista mediática madrileña no quiera verse. Al respecto puede llegar a ser muy importante si Junqueras fuera confirmado judicialmente como eurodiputado. En cualquier caso, ERC se ha movido y en el complicado tablero de juego las piezas ya están dispuestas para encajar con las del nuevo Gobierno nacional, a la espera de las elecciones autonómicas catalanas que deberían -según confían, desean e incluso desesperan porque así sea los actores en juego- confirmar la primacía en urnas de ERC para así alumbrar una nueva fase en Cataluña, alineándose por tanto Barcelona con Madrid por primera vez desde hace una década. Hay que insistir: nada está asegurado, todo depende muchas circunstancias, pero por primera vez en mucho tiempo se dan las condiciones para la negociación. 

Y en tercer lugar, el papel del PSC, que ha sido esencial en los movimientos discretos habidos tanto en Madrid – con Podemos y con el PSOE – como en Barcelona – con ERC -, está preparado también para aprovechar las consecuencias de la existencia del nuevo Gobierno nacional y espera que se concrete que haya otro también nuevo en Barcelona, en el que aspira a participar, que abra la lata de la negociación que hasta ahora se ha mostrado imposible de atacar. 

¿Qué se negociará? Un nuevo estatus político para Cataluña, un premio para el independentismo si se quiere ver así, pero al fin y al cabo una salida. No una solución. Porque ésta no existe. Sólo una salida para que España – ya se verá qué España – siga existiendo medio siglo más. ¿Que esto será muy poco? Bueno, depende de cómo se mire. Dado el panorama existente ahora mismo -con la justicia más importante del país a punto de ser enmendada, una vez más, por Europa; con el creciente desafecto internacional hacia la calidad de la democracia española; con la debilidad extrema del Estado que sólo forzando leyes que en otras democracias no existen es medio capaz de aguantarse; con la amenaza fascista creciendo en las urnas…. – no parece en absoluto poca cosa. De la potencial solución van a excluirse por un lado la extrema derecha que ancla el PP es la imposible aceptación -con Borbón incluido, pero sin capacidad de veto – y, por otra parte, el puigdemontismo. Se da por hecho y no impedirán nada.

Nada está escrito. Pero las elecciones del 10 de noviembre han entreabierto la puerta a una salida para Cataluña y para la existencia de la nueva España.