Archivos en ‘Política balear’.

Borbón y la decrépita monarquía española sin parangón europeo

11

06 2019

La representante de Junts per Catalunya, Laura Borràs, fue a La Zarzuela a rendir visita protocolaria al Jefe del Estado a cuenta de la reglamentaria designación del aspirante a ser investido presidente del Gobierno. Que la reunión fuera debida al protocolo establecido no obsta para que también tuviera profundidad política. La separatista explicó luego del encuentro que comunicó al no electo que “en Cataluña no tenemos rey” y otras lindezas por el estilo que sirvieron de munición a la prensa cortesana para atacarla, como es casi por protocolo obligado. El encuentro, o quizás más preciso sería decir la topada -al menos verbal-, pues el Borbón entró al trapo, haciendo gala de su archiconocida inteligencia y perspicacia, propia del “más preparado” de los jefes de Estado patrios habidos – ahí es nada lo que han filtrado que le dijo a la ‘indepe’, como si de un magno estadista se tratase: “prefería al Puigdemont alcalde…”: para desternillarse- no fue una mera anécdota protocolaria.

Y no lo fue porque es cierto, como dijo Borràs, que la decrépita institución que representa Borbón está en la práctica desaparecida en Cataluña y va desvaneciéndose en el resto de España también, afortunadamente. El pasado abril se publicaba la encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) que aseguraba que el 75,9% de los entrevistados en el Principado preferirían la república a la monarquía como forma de Estado -casi siempre se le denomina “forma de Gobierno”, pero por obvias razones es más precisa la otra formulación- y sólo el 12,3% se manifestaba a favor de ese anacronismo institucional. Podría suponerse, acaso, que al ser el CEO un organismo de la pérfida Generalidad, el sondeo, como suele hacer el CIS en relación al Gobierno nacional, pretendía favorecer las tesis independentistas del Govern de Quim Torra. Y podría ser así, sin embargo existen otros datos que van en la misma dirección. Y no sólo en Cataluña. Por ejemplo, el servil CIS no pregunta desde 2015 en sus estudios demoscópicos por esa cuestión a los ciudadanos a los que interroga, no sea que le digan lo que el Estado considera inconveniente y ponga en situación incómoda al “más preparado”. Otrosí: un diario nacional digital publicó en enero pasado una encuesta que se resumía en que el 43% de los españoles apoya la monarquía por el 42% que la rechaza. Y una web de análisis políticos y demoscópicos, electomania.es, lanzó en julio del año pasado que el monarquismo en España lo padece todavía un 49,9% de los ciudadanos, mientras que de él se ha curado ya el 47,4%.

Cada cual puede tomarse estos datos cómo quiera, por supuesto, y hay que respetar el derecho de cada persona a opinar lo que le apetezca, sin duda, sin embargo a la vista de estos datos demoscópicos cabe preguntarse qué grado de salud democrática tiene un país que hurta tal debate político sustancial y quiere evitar cómo sea su contraste en las urnas a partir de la presunción – del todo errónea o perversa, según los datos dichos- de que no hay por qué pues en general está aceptada.

No existe parangón en la Europa coronada de trato semejante. Y es que por mucho que la propaganda hispano monarquista lo pretenda, la corona española no es comparable a las monarquías constitucionales europeas. Es diferente a ellas por origen, actitud e ideología. Y por eso mismo se la esconde bajo montañas de silencio, se le intenta evitar la crítica, se hurta el debate sobre ella, se fantasea con que es homologables a las demás europeas y se la pretende, en fin, sagrada.

En efecto, en cuanto al origen, todas las de los otros países de la Unión proceden de tiempos inmemoriales y en la contemporaneidad jamás se alinearon con los fascismos -y menos, claro, con sus primos hermanos, los comunismos-; de hecho las que lo hicieron – como la italiana- desaparecieron, mientras que la hispana fue creada por el fascista régimen de Franco y aceptada por Borbón – padre del actual – en 1969, tal y como Borbón abuelo – padre del padre- dejó claro con el rotundo rechazo público a la invención de esa corona por parte del dictador y a la aceptación que de ella hizo su hijo; y en nada desdice esta realidad histórica que el viejo Borbón acabara – a la fuerza ahorcan, como suele decirse- por renunciar a sus derechos a la corona – en 1977, tras 9 años de la invención de la franquista que se puso su hijo- que le confería la dinastía legítima. Se vio forzado a ello pues la de Franco y Borbón hijo era la vigente, la oficial, la legal, la políticamente tangible y la que al fin y al cabo ya se había impuesto. La misma que a pesar de que al año siguiente fuera pretendidamente blanqueada – a través de la supuesta fusión de ambas- por la Constitución, en realidad, por debajo del blanqueo, sigue supurándole su originaria negrura.

Tampoco la actitud del titular hispano – del actual y de su predecesor- se puede homologar a la de sus compañeros de profesión hereditaria de la Unión. En Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Noruega – dejaré de lado las peculiares empresas familiares que están coronadas: Mónaco, Luxemburgo y Liechtenstein- si quien personaliza la respectiva monarquía no informara – sólo por poner un único ejemplo- de dónde pasa las vacaciones y qué cuestan al contribuyente -no hablemos ya sobre cuánto dinero recibe y en qué exactamente lo gasta- durarían apenas días en el cargo. Aquí se pretende que la opacidad es lo normal. No lo es. Es lo contrario. La excepción en Europa. A no ser, claro está, que se compare la corona borbónica con las de las tres empresas coronadas. ¿O es que son éstas el verdadero espejo de la española?

Y, por si algo faltaba, está lo del alineamiento político e ideológico de Borbón hijo, insólito en Europa, quizás con la excepción puntual de aquel colega suyo belga que no quería firmar una ley que no le gustaba – la del aborto – y que por eso dimitió unas horitas, en 1990, para no rubricar la norma aprobada. Cruel para Borbón es el contraste con el caso británico. La reina de Albión es muy probable que no sea laborista, pero nunca ha ofendido a los millones de sus ciudadanos que confían en esa opción política optando por la contraria. Y se me dirá: pues igual que Borbón, que no opta por un partido u otro. No estoy tan seguro. Sigamos con la comparación británica. El Partido Nacional Escocés ha anunciado que intentará aprobar una ley en el Parlamento regional para otra vez convocar un referéndum de independencia. Ni un gesto ni una palabra de la coronada. Ya pasó igual en 2014. Y a la sazón, a pesar de que la ley que unifica el reino -el Acta de Unión de 1707: “por siempre” – prohibe la posibilidad de la separación y por tanto pudiera haber sido impedido el referéndum por el gobierno de Londres, el primer ministro de entonces, David Cameron, dijo ante la Cámara de los Comunes que “la ley me faculta (para prohibir el referéndum) pero la democracia” le aconsejaba “aceptarlo”. Una actitud que en Madrid, claro está, consideran una locura: la democracia y la libertad por encima de una ley: ¡intolerable!. Y la reina, por cierto, nunca dijo ni una palabra ni mostró si siquiera un mohín de disgusto, ni por ser ilegal la convocatoria primero ni por naturalizarla el gobierno, después, a pesar de ser la Jefa del Estado del Reino al que se le supone que desea mantener ‘Unido’. Porque la potencial independencia de Escocia no es asunto suyo. Tendrá su opinión personal, pero como institución no debe expresarla porque -como en el resto de monarquías de la Unión que no son empresas – nada, ni siquiera la posible separación de un trozo del territorio del país, es motivo de intervención política de la corona. En España el “más preparado” sí que ha intervenido, y de qué manera, alejándose de la debida neutralidad política.

La monarquía hispana, en fin, no es comparable a ninguna otra de las seis que funcionan como verdaderas coronas constitucionales. Al contrario de la que todavía padecemos las otras están inmaculadas en su relación con la democracia, son transparentes en su funcionamiento -sobre todo en lo relacionado con los dineros- y son neutras políticamente. Por eso mismo la decrepitud de la que nos aqueja va emergiendo cada vez a ojos de más y más ciudadanos, como nos muestra la demoscopia, a despecho de la voluntad de sacralizarla, que es, por cierto, la forma más efectiva de condenarla.

El 26 de mayo europeo, Sánchez, Puigdemont y la negociación

27

05 2019

Después del gran éxito cosechado en las elecciones generales, Pedro Sánchez necesitaba rematar la faena el 26 de mayo, en las locales, autonómicas y europeas, para consolidar su poder institucional y, también, para reforzar su propia posición política para afrontar la delicada negociación con los independentistas catalanes.

Sanchez ha dejado entrever una parte de su estrategia negociadora, a través de sus terminales mediáticas. Quería que el 26 de mayo supusiera una meridiana victoria de ERC en las europeas en Cataluña ante la lista de Carles Puigdemont, con el objetivo ulterior de que también le venciera en los comicios autonómicas catalanes, sea cuándo éstos sean. De esta forma Puigdemont quedaría aislado en Waterloo, Junts marchitándose y el camino de la negociación con ERC – España para mi, Cataluña para ti- quedaría expedito, una vez que los republicanos ya han dejado claro – “tenemos que hablar” – que desean sentarse a negociar – Joan Tardà: “no habrá independencia, por ahora, pero no podemos seguir igual” – un serio incremento del autogobierno catalán a cambio de aplazar la ruptura con el resto de España.

Hace tres meses, cuando se publicó la primera encuesta de intención de voto al Parlamento europeo, Puigdemont no tenía ninguna opción de conseguir escaño. Sin embargo, a medida que transcurrieron las semanas y en Madrid se iba desarrollando el juicio contra los independentistas, el apoyo popular en Cataluña a Puigdemont crecía. Era él y no ERC quien rentabilizaba el proceso judicial y el victimismo consecuente. Con todo y con esto el PSOE todavía tenía la esperanza de que al final Junqueras le venciera en las urnas europeas. Sí, así ha sido si se contabiliza el voto en el conjunto de España, pero a estos efectos lo que cuenta en exclusiva es el voto en Cataluña, por obvias razones. Y ahí quien ha ganado ha sido Puigdemont.

Ha sido un serio revés para la estrategia negociadora. El expresident catalán no ha sido neutralizado por las urnas sino todo lo contrario. Ahora se abren ante él varias opciones, todas muy favorecedoras de sus intereses. La primera sería recoger el acta en Madrid, ser detenido y montar el “pollo” internacional. Podría ser, pero no parece muy probable. Porque ahora tiene alternativas muy rentables que le ofrecen las mismas consecuencias positivas sin necesidad de arriesgarse a ser metido en la cárcel, aunque fuera por poco tiempo debido a la inmudidad. La segunda opción es la de no ir a España y plantear un conflicto jurídico, sobre cuándo se adquiere la condición de eurodiputado y por ende se goza de inmunidad, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a saber qué podría decidir. Y tercera posibilidad, que podría poner en práctica al mismo tiempo que la segunda, hacerse nombrar ayudante personal de un eurodiputado suyo, con lo cual no sólo controlaría los muchos dineros que generarán sus dos escaños sino que, sobre todo, tendría acceso libre a todo el Parlamento Europeo y podría desde su seno montar mucho ruido en su intento – ya al alcance de la mano – de “internacionalizar el conflicto”, tal y como siempre dice.

Puigdemont ha conseguido un enorme éxito político, por mucho que en Madrid todavía no quieran verlo. Y lo que hace sonreír al expresidente catalán tiene por fuerza que hacer torcer el gesto a los dirigentes políticos españoles. Como mínimo el resultado del 26 de mayo ha lanzado sombras sobre la estrategia de negociación de Pedro Sánchez. Seguro que muchos se alegrarán. No obstante, que se estrechen las opciones de salida al conflicto – que no de solución, pues ésta no existe si no es la independencia – no es bueno para nadie.

Puigdemont, las elecciones europeas y su acta

13

05 2019

La candidatura de Carles Puigdemont al Parlamento europeo genera mucha controversia desde el mismo momento en que la anunció. No puede extrañar, por las especiales circunstancias del candidato.

De entrada la propia calificación que se le da ya es motivo de controversia. Está huido de la justicia. Que él diga que está localizable y por ende no huido es una tontería. Al situarse fuera del alcance de la ley española genera una posición que no es inédita, como suele afirmarse, aunque sí muy extraña, tratándose de un candidato electoral. Sin embargo, no hay sentencia firme que le restringa su derecho a ser elegido. Por tanto no existe duda alguna, como ha certificado el Tribunal Supremo y ratificado el Constitucional, que tiene plena la capacidad de presentarse a los comicios. Si el problema es que en España la legislación no prevé –como en efecto así es- un caso igual, pues es problema del legislativo, no de quien se presenta para ser elegido. Que se rectifique en el Congreso, si se considera conveniente, pero no se pueden aceptar normas excepcionales para una persona.

Hecha la precisión inicial, que ya desbarata muchas de las presunciones sobre el caso, pasemos a la polémica sobre si adquiriría, en caso de ser elegido, la condición plena de eurodiputado y cómo. Según general coincidencia, la condición se adquiere mediante el acta certificadora que expide la Junta Electoral Central, en Madrid. Es la única manera. Así que si el expresidente de la Generalidad catalana quiere ser eurodiputado, además de ser elegido no tiene otra opción que trasladarse a España a recoger el acta. Es pertinente la diferenciación entre ser sólo elegido y adquirir la condición porque bien podría ser que Puigdemont optase por la propaganda basada en el victimismo que tanto le gusta –la persecución antidemocrática de España y los etcéteras habituales- y no recogiera el acta, en cuyo caso no perdería –al contrario de lo que a menudo se asegura- el derecho a ser eurodiputado sino que éste quedaría suspendido hasta que hiciera efectiva tal condición a través del requisito citado, que estaría a su disposición durante todo el tiempo de la legislatura.

En caso de que optara por recoger el acta, ¿qué pasaría? Pues que en el mismo momento en que entrase en territorio español sería detenido. Como a cualquier otro prófugo se le mantendría en las dependencias policiales hasta que fuera presentado ante un juez. Y éste, al comprobar su condición de electo al Parlamento Europeo, no tendría más remedio legal que permitir que recogiera su acta de una forma u otra –incluso esposado, si así lo determinara- y, acto seguido, liberarle dado su aforamiento.

Y de esta manera se llega a la última cuestión del asunto: la inmunidad. Se asegura a menudo que el aforamiento no cubre actuaciones anteriores ni ajenas a la estricta condición de eurodiputado. Claro, como pasa con cualquier otro aforado. Esta cobertura legal especial no borra los potenciales delitos cometidos antes, en absoluto, sino que abre un paréntesis para que mientras sea aforado no pueda ser perseguido legalmente, excepto, claro está, que la Cámara dé el plácet. Así ha ocurrido con otros electos al Parlamento continental. Por ejemplo con nuestro José María Ruíz Mateos, cuya causa judicial abierta años antes se interrumpió al ser elegido europarlamentario y al finalizar su mandato se puso de nuevo en marcha.

En resumen. Si Puigdemont es elegido, tiene dos opciones. Recoger el acta o no. Si prefiere mantenerse alejado de la justicia española, haciendo propaganda victimista y acude, mientras tanto, al Tribunal de la Unión Europea, mantendrá la tensión de forma recurrente algunos años, y no se puede descartar cualquier fin del asunto, sea en el sentido de que se aceptase que no fuera eurodiputado pleno o, todo lo contrario, que el Parlamento se viera obligado a cambiar su normativa para que una cuestión formal como es dónde y cómo adquirir el acta no esté por encima de la substancial, la elección. Si por el contrario asumiese el trago de la detención, ésta se convertiría en portada mundial, a buen seguro, la imagen de España sería terrible, y, además, la justicia española no tendría más remedio que liberarlo en el momento en que recogiera el acta.

Sánchez, la derecha, las elecciones y la salida al conflicto catalán

17

04 2019

La derecha intenta con desespero centrar en la campaña electoral el miedo a la tradicional desmembración de España, el recurso más visceral que siempre ha usado para amedrentar al PSOE. Y le ha funcionado. Hasta ahora.

Hay que reconocer que Pedro Sánchez no se deja apocar como lo hicieron en su día Alfredo Pérez, José Luis Rodríguez, Joaquín Almunia, Felipe González… En efecto, todos los líderes socialistas anteriores al actual tenían asumido en lo más profundo que si dejaban entender a su electorado que una sola parte de la demonización antiespañola que le lanzaba la derecha era cierta podía considerarse derrotado de antemano. Por eso nunca el PSOE cuajó en la política que desplegó la ideología pretendidamente federalista e incluso confederalista que defendió en algunos momentos, por no hablar del reconocimiento del derecho de autodeterminación que asumía antes de 1977 para Cataluña y País Vasco.

Y ese mismo complejo está en el origen de la conspiración en contra de Pedro Sánchez que Susana Díaz lideró en el otoño de 2016. Al verse forzado a dimitir a la sazón, pareció que el PSOE recuperaría la forma tradicional de enfrentarse a su incongruencia seminal, la de defender en teoría una cosa pero hacer otra en la práctica.

Con el renacimiento de Sánchez, que ha supuesto la liquidación política de Díaz, González, Rubalcaba y etcétera, todo cambió. Este nuevo PSOE no es el viejo y no padece sus complejos. Le quedan, es verdad, resabios de su “prudencia” histórica, por ejemplo los relacionados con el ultraderechista catolicismo organizado, ante el que sigue acobardado, o al respecto de la decrépita monarquía basada en la corona inventada por el dictador Franco, a la que a pesar de declararse republicano todavía sostiene. Sin embargo por lo que atañe a la cuestión territorial, que es el debate político más importante, con diferencia, de España, su falta de obligación para con los líderes del pasado y las manos libres de las que goza, tras haber sofocado la conspiración interna, le otorgan la capacidad resolutiva del conflicto catalán como jamás se había dado –en potencia- en ningún anterior presidente del Gobierno.

Que está dispuesto a intentar la solución al conflicto catalán mediante la política se evidencia cuando en esta campaña le intentan afear que no diga que no pactará con los independentistas, o que no se comprometa a no indultar a los políticos separatistas juzgados… y él ni siquiera se digna a contestar. Son síntomas de su determinación. Y le da igual que la derecha insista en la cancioncilla tradicional. A él no le afecta. Veremos qué ocurre en las urnas, pero si Sánchez consigue ser investido, podemos estar por primera vez ante la posibilidad de un acuerdo de salida digna para ambas partes –no de solución, pues ésta no existe- que pueda servir para conllevarse durante unos pocos años más, no se sabe cuántos, quizás media docena o una decena, antes de que Cataluña pueda independizarse con garantías.

Es evidente que Sánchez y ERC ya han pactado algún mínimo de interés compartido. Lo dejó en evidencia Joan Tardà, cuando en declaraciones a La Vanguardia afirmó que “no habrá independencia por ahora, pero tampoco podemos seguir igual”. Ahí está la clave. Lo que se ha negociado y que se seguirá negociando si Sánchez gobierna tras las elecciones. Alguna fórmula que permita satisfacer un mayor, mucho mayor autogobierno catalán, con aspectos blindados –lengua catalana, financiación ad hoc, transferencias de competencias estratégicas como aeropuertos, entre otras…- y simbología tendente a la consideración nacional de Cataluña al margen de España. Este futuro acuerdo a medio plazo sólo está empañado en potencia no por la derecha –pues, como se ha dicho, sus hiperbólicas advertencias sobre la desaparición nacional no afectan para nada a Sánchez- sino por el ultranacionalismo, o sea por el movimiento de Carles Puigdemont. Si éste consigue ser de nuevo esencial el 28 de abril, es posible que juegue al bloqueo y toda la estrategia de Sánchez se derrumbe. No obstante, si no es decisivo o bien si –menos probable- pactara con los socialistas, entonces sí que estaríamos ante una situación política que podría conducir al pacto de salida para el conflicto catalán.

La fina linea azul entre el PP y Vox

09

04 2019

La diferencia entre que el PP, Ciudadanos y Vox sumen más fuerza en votos y escaños que el PSOE y sus potenciales aliados de izquierda y nacionalistas o que, por el contrario, no sólo no sumen sino que se anulen entre ellos, en especial entre el partido conservador y el neofascista, es muy delgada. La fina línea azul.

Con las elecciones andaluzas los más obtusos analistas lo tuvieron claro. Dos más dos es cuatro, ergo el Gobierno nacional será de derechas. Viva Vox que no es ultra, Santiago Abascal y cierra España a la izquierda. Dios es grande. Y a vivir que son dos días. Les costó tres meses que entrara en sus molleras que el objetivo de los ultras no es apuntalar a Pablo Casado y a sus muchachos sino acabar con ellos, superarlos. Es el único objetivo. Todo lo demás son excusas y propaganda para imantar votantes y dispararlos a modo de proyectiles hacia esa diana.

Por supuesto que los estrategas de Vox no esperan conseguir el objetivo el 28 de abril. Ese día pretenden alcanzar el primer paso de la estrategia. Se trata de conseguir restar suficiente fuerza al PP como para que el contraste con el PSOE –embalado al alza gracias a que los ultras carcomen a su adversario- le deje hundido y a Casado en una posición imposible, en la que tanto si dimitiera como si no la situación sería desastrosa. Para mejor exponer: algo así como lo que hubiera deseado Podemos respecto del PSOE y que sólo la incompetencia de Pablo Iglesias abortó entre las elecciones generales de 2015 y las de 2016, para suerte de Pedro Sánchez y sus conmilitones.

Es de suponer que los estrategas ultras aprendan de errores ajenos y sepan, tras las urnas de abril, manejarse con más inteligencia de la que demostraron tener los morados en aquellos meses. A buen seguro que esperan disponer de un panorama en el Congreso que les permita erigirse en el bastión más fuerte de la derecha contra la izquierda o, de otra manera dicho, aparecer ante el electorado derechista en su conjunto como la verdadera oposición a Sánchez, al tiempo que un PP fundido y un Casado amortizado no sabrían qué hacer, ni cómo, ni cuándo ni nada. Y con el horizonte de futuro de otras elecciones, fueran avanzadas o de convocatoria en tiempo regular, en las que entonces sí, dar el golpe de gracia al PP.

Da la sensación de que ahora, al fin, Casado y su equipo han entendido la situación. Que esa fina línea azul es tan delgada que apenas se ve pero que existe y que separa, a un lado, la ingenua convicción del PP de que tenía atados y sumisos a Vox y Ciudadanos al estilo andaluz, y, en la otra, el terrible panorama antes descrito. Es cierto, todavía, que nada está escrito y que aunque la mayoría de las encuestas dan más credibilidad al desastre del PP, con el resultado del Gobierno de Sánchez, que a la alternativa –Gobierno de Casado-, no hay que desdeñar ninguna opción. Todavía existe la posibilidad de que el PP, a pesar de quedar mermado, sume mayoría absoluta con Ciudadanos y Vox. Sin embargo es justo reconocer que así como se acerca la cita con las urnas, cada vez más militantes y cargos conservadores, al menos en Baleares, otorgan a esa contingencia características de milagro.

El ‘sorpasso’ de Vox al PP y el PSOE

23

03 2019

La dirección del PP se ha dado cuenta al fin que Vox no está para apuntalar a Pablo Casado sino para lancearlo y superar al partido. Su verborrea ideológica no tiene otro fin, igual que en su día la de Podemos ya pretendía hacer lo mismo con Pedro Sánchez y el PSOE.

Así es y fue, en efecto. Pablo Iglesias intentó asaltar el cielo y hoy está más cerca del infierno. Su extrema incapacidad estratégica le llevó a excesos tan evidentes tras las elecciones de 2015 que ya en 2016 sufrió una vía de agua en forma de votos – a través de la cual retornaron a lo que en tiempos los dirigentes socialistas llamaron la ‘casa común de la izquierda’ – que ahora resulta minúscula comparada con la actual, cuyo calibre, al decir de las encuestas, puede adelgazar el poder representativo morado a la mitad, lo que disminuiría todavía mucho más su capacidad de influencia sobre un hipotético nuevo gobierno liderado por Sánchez. Fuimos bastantes los que hace cuatro años analizamos que el PSOE podría acabar siendo muy parecido al PASOK, el socialismo griego al que Syriza primero superó y luego dejó en la insignificancia. Nos equivocamos. No ha pasado así. Sánchez, gracias a su arrojo irresponsable pero efectivo – aunque sea sobre todo por su interés personal – ha abortado la progresión neocomunista y situado a Podemos más cerca de la tradicional poca entidad comunista – primero del PCE y más tarde de Izquierda Unida – que de un partido con verdadera opción de poder. ¿O sea que pasará lo mismo con PP y Vox ahora?

No tiene por qué y sobre todo todavía no hemos llegado al punto de inflexión de la relación entre ambos partidos para saberlo . En el caso PSOE – Podemos el tal punto fue la moción de censura. A partir de ahí todo cambió a mucho peor para los morados y a mucho mejor para los socialistas. Tanto que puede decirse que el peligro del famoso “sorpasso” ya es un lejano recuerdo de lo que pudo ser y no fue. Para el caso de la competencia entre PP y la ultraderecha todavía no se sabe ni siquiera si los comicios del 28 de abril serán ese punto de inflexión. Podrían serlo. Si Pablo Casado sale de esas urnas catapultado a la investidura presidencial el futuro de Vox quedará sellado como muleta que podrá ser más o menos incómoda pero no llegará a desbordar esa modesta condición. Si por el contrario Casado se queda clavado en la oposición y el PSOE puede gobernar, las cosas cambiarán y las expectativas para el PP se oscurecerán muchísimo. Por un lado porque la formación neofascista le haría en ese caso todavía más daño por la derecha y por otro porque Ciudadanos podría morderle por el centro, aunque también es verdad que con lo limitado que es Albert Rivera nunca se sabe si sabrá aprovechar una oportunidad, como dejan en claro sus actuaciones desde mayo del año pasado, tiempo en el que su incapacidad ha abortado la progresión de su partido.

En cualquier caso la relación PP y Vox se establece hoy por hoy no como la propia de elementos complementarios sino como la de enemigos que luchan por la intersección de espacio y votos que existe entre ambos. Y como suele ocurrir en estos casos, el hecho de que la disputa favorezca, y mucho, al que se supone que es el adversario común no tiene la menor importancia porque no existe nada más perentorio en política que acabar – o al menos acotar lo más posible – al enemigo, que siempre es el prójimo y nunca el ajeno y simple adversario.

Periodistas, el juicio, nosotros y ellos

15

03 2019

Si uno lee la prensa barcelonesa y madrileña sobre el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas catalanes sólo puede concluir una cosa: que vive en mundos paralelos, cada una en el suyo, en los que la respectiva verdad no está contaminada, ni un ápice, por la realidad. Y ambas visiones se ofrecen a sus particulares lectores de forma rotunda y absoluta, sin matices de ningún tipo. Lo suyo es blanco o negro. El mundo dividido, en fin, entre los buenos – los nosotros – y los malos – el ellos -, lo que unos se llaman constitucionalistas y los otros soberanistas, los separatistas y los unionistas, patriotas contra patriotas – que nombre más terrible, qué triste tiene que ser padecer tal condición – de patrias que querrían ver enfrentadas.

Algunas veces se ha echado mano de la comparación histórica entre esta aberrante forma de hacer política que se ha generalizado en España y la misma que se daba en este país durante la Segunda República, que no era desigual a la que en las otras democracias se estaba llevando a cabo a la sazón y que lo que hacía en todas partes era carcomer el sistema gracias a la acción de comunistas, fascistas y ultranacionalistas que, al modo de termitas, llevaban a cabo la destrucción de los regímenes liberales. Gracias a tales totalitarismos, Europa vivió las dictaduras y las guerras por todos conocidas. 

No, no es la misma situación, afortunadamente, si bien no cabe ninguna duda de que la tensión provocada por el conflicto catalán está pervirtiendo no sólo la política democrática sino también la impartición del Derecho, retorciéndolo por interés político evidente, aunque no pueda decirse – es una exageración demagógica excesiva – que en nuestro país haya presos políticos. 

Si uno consulta prensa extranjera se da cuenta – aunque sea, como servidor, a través del ‘translate’ famoso, una maravilla alucinante de la tecnología – del contraste brutal que existe entre ella y la nuestra – sea ésta madrileña y/o barcelonesa -. Ahí afuera, donde no se padece en general interés parcial – alguno habrá, pero anecdótico -, se informa y se analiza con bastante mayor objetividad y deontología sobre el juicio y el conflicto político catalán. Y es curioso observar que los foráneos tienen claras dos cosas: que no habrá independencia ni tampoco solución judicial. Contrasta esa lucidez con la bruma nacional que retrata nuestra pasión ilógica, visceral y terrible, la de siempre. El tópico que vuelve y que no por serlo deja de ser cierto. 

Pedro Sánchez, el PP, Vox y las elecciones

26

02 2019

Sólo hay una razón para que un presidente avance elecciones. Que crea que así obtendrá mejores resultados que si espera a la finalización del período ordinario. Y Pedro Sánchez no es excepción. El actual jefe del Gobierno entendió que si agotaba la legislatura le iría peor. No tenía importancia, en realidad, que se hubiera quedado sin nuevos Presupuestos Generales del Estado. Podría haber funcionado perfectamente sin ellos durante todo el año y ya en el que viene embocar a urnas sin problema. Si ahora ha convocado es porque ve opciones ciertas de poder seguir en la presidencial. Tal cual.

Aunque desde la derecha se pretende que Sánchez está hundido, no es así. Ya veremos qué ocurre en las urnas, pero bien harían los derechistas en no dar por derrotado todavía al presidente, que este hombre, si algo ha demostrado –además de no tener principios- es que no es fácil de vencer.  

¿Por qué convoca ahora?

Por un lado porque empiezan a verse algunos nubarrones en el horizonte económico, y bien podría ser que a lo largo del año descargaran y la situación fuera peor de lo que es ahora. Por otro, porque no podía llegar al acuerdo de mínimos que persigue con el independentismo catalán –con el vasco ya lo tiene atado- hasta que no acabe el juicio contra los líderes separatistas, y haya sentencia, y él esté ya validado por las urnas, haya sido de nuevo investido presidente y tenga más aborregado a su partido, lo suficiente como para evitar tentaciones de rebelión, como con las que ha tenido que lidiar en el pasado. En tercer lugar y sobre todo, la cuestión fundamental que le ha llevado al avance electoral es que sus asesores demoscópicos  han visto ahora una oportunidad de hundimiento del PP debido a la irrupción de Vox que podría regalar al PSOE un montón de escaños.

En efecto, incluso Pablo Casado, que no ganará nunca el Nobel a pesar de coleccionar títulos académicos, se ha dado cuenta al fin, tras más de dos meses de creer que lo de Andalucía se repetiría de forma automática por todo, que Vox puede darle a Sánchez la investidura. Así es: en España las circunscripciones electorales son las provincias, según la Constitución, y 22 de ellas eligen entre 2 y 5 escaños -amén de las ciudades africanas que envían a Madrid un diputado cada una-, son las menos pobladas, en las que de siempre los diputados se los han llevado PP y PSOE –en proporción de 2 a 1- y las terceras candidaturas sólo han podido arañar un puñado a razón de uno por circunscripción, como máximo. En 2016 el PP sacó ahí 47 escaños, el PSOE 26, Podemos 12 y Ciudadanos 2. Pues bien, si, como dicen las encuestas, Vox firma en ellas alrededor de un 10%-12% de votos, la transferencia de apoyos del PP hacia la formación ultra más el impulso propio del PSOE hará que éste sea el partido más votado. Y el más votado, por el sistema d’Hondt de conversión de votos en escaños, recibe el gran premio en diputados. Por eso el PP –como bien reconocía Casado- derramaría al menos 20 escaños –en verdad sería más probable que fueran 25- que se irían todos al PSOE mientras que Vox no conseguiría ninguno, excepto que en alguna provincia superarse a Podemos y Ciudadanos. Dicho de otra manera: sólo en esas 24 provinciales Vox provocaría que el resultado global del PP bajase a 110-115, mientras que el del PSOE llegase a unos 105. Súmese a esto la previsión demoscópica en grandes ciudades –caída de Podemos, gran aumento del PSOE, descenso del PP, irrupción de Vox, incremento pero no tanto como hace unos meses se preveía de Ciudadanos- y se entenderá por qué convoca ahora Sánchez a elecciones.

Por supuesto que el riesgo existe, para el socialista. Nada está escrito. Pero ahora mismo tiene esa ‘ventana de oportunidad’, tal y como dicen en el PSOE, que no es seguro que se mantenga abierta mucho más tiempo. Por eso era ahora o ya esperar al final. Y decidió ahora. Como suele ser en él, sin miedo, asumiendo gran riesgo y dejando descolocados a sus adversarios.

Hasta la fecha tanto arrojo le ha salido siempre bien. Veremos esta vez.

El juicio y el futuro

15

02 2019

Iniciado el juicio contra los dirigentes independentistas, se recrudece la propaganda de todas las partes, de forma que resulta a veces difícil discernir entre tanta impostura. No obstante, el meollo de todo es el mismo que ha sido siempre. 

En España no hay presos políticos, al contrario de lo que dicta la propaganda secesionista. Si los hubiera los que pensaran como los acusados serían perseguidos. Y no lo son. Tan rotunda evidencia debería bastar para convencer a cualquiera de lo absurdo que es mantener la consigna. Sin embargo se sigue con ella, a despecho, incluso, de que Amnistía Internacional ya dejó claro que en nuestro país no constan presos de conciencia y por ende no hay nadie a quien se persiga por lo que piensa. Así es, se enjuicia, si acaso, por lo que se hace. 

Y lo que hicieron los líderes separatistas fue llevar a cabo acciones políticas en contra de las órdenes recibidas por parte del Tribunal Constitucional. Al contrario de lo que dijo en el juicio Oriol Junqueras, hacer política pacífica puede ser delito. Aquí y en cualquier otro país democrático. Por supuesto. Lo es si así está tipificada la actuación política. En Alemania, por ejemplo, hacer política nazi o simplemente ejercer la libertad de expresión para abrazar en público esta ideología está prohibido – al contrario que en España, mismamente –; en Estados Unidos, como en España, se puede ser independentista – sí, no se rían, los hay, en Texas – pero no se pueden llevar a cabo acciones políticas en contra de la unidad federal del país – el año pasado el FBI abortó una reunión secesionista en ese estado -; en Francia se puede defender cualquier teoría separatista, pero cuidado con llevarla a la práctica que las penas pueden llegar a ser durísimas… Y no parece que nadie vaya a dudar de que Alemania, Estados Unidos y Francia sean democracias. Así que Junqueras no tiene razón y cuando Quim Torra dice que “la democracia está por encima de las leyes” está diciendo una simpleza que le retrata y que, además, es mentira. 

Sin embargo no puede negarse que aquello que hicieron, y por lo que están enjuiciados, es política. Y cuando se conculca la ley por razón política no vale sólo aplicar la ley. Hay que tener en cuenta – siempre que se quiera solucionar la parte política del asunto, claro – esa motivación y abordarla de una manera u otra pero ahuyentando el ridículo y falso exorcismo de pretender que con ley se soluciona todo. Más que exorcizar es meter la cabeza bajo tierra, judicial. 

Por esto el conflicto político catalán, como bien dijo en el juicio Junqueras, no se solucionará con la sentencia, sea cuál sea. No existe solución posible sólo con la ley. Antes o después la derecha tendrá que convenir con el socialismo – y dejando al neofascismo al margen, pues éste nunca aceptará la democracia – que hay que ofrecer una salida política al conflicto, y el separatismo democrático tendrá que aceptar – dejando de lado al ultra – que una España en la que Cataluña tenga un cierto blindaje de su autogobierno – respondiendo a la evidencia democrática que, junto al País Vasco, es diferente porque sus ciudadanos votan siempre diferente al resto -, aunque sea fáctico, en diferentes aspectos – lengua, financiación, etc. -, es la única salida aceptable para todas las partes. 

No será fácil ni rápido, pero no existe alternativa. 

Iglesias, Errejón y Podemos

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01 2019

Podemos pasa por su momento más delicado desde que nació hace cinco años. No es extraño que le ocurra así, puesto que a todos los demás partidos les ha pasado más o menos lo mismo. Es una especie de ley de la política que se cumple de manera inexorable. Toda formación experimenta una crisis tras su aterrizaje en la política práctica institucional, más pronto que tarde, cuya intensidad es proporcional a la magnitud de su poder y / o representación en escaños. Le ocurrió a Alianza Popular, a Unión del Centro Democrático, al PSOE, al PP, al PCE – éste es el número uno en el ranking de escisiones, y aunque mucha gente no lo sabe sigue existiendo – y a escala regional al PSM, y al resto por igual. 

Así que, por tanto, lo que acontece en el seno de Podemos no es inédito. Quizás el partido morado se diferencie de otros en la velocidad con la que quema etapas. Sin embargo nada de lo que le acongoja estos días puede considerarse original. Así que ciertos análisis que dan por seguro un futuro dramático debido a lo que está pasando la formación morada son tal vez exagerados. Podría ser, sin duda, que ocurriera un desastre, pero no tiene por qué ser así. Habrá que esperar a ver cómo se suceden los movimientos internos, si los díscolos están localizados sólo en Madrid o bien el terremoto se ramifica a otras comunidades autónomas, si Pablo Iglesias rectifica o sigue enrocado, si Íñigo Errejón busca puentes o mantiene la apuesta de volar toda la organización desde la región capitalina – lo que sería absurdo en otro partido pero no en Podemos pues su origen es madrileño y toda las estrategias regionales se han amoldado durante estos últimos cuatro años a los intereses de la organización nacional, al mejor estilo piramidal de los partidos comunistas, sin parangón en los demás, y de hecho esta característica ha creado problemas en Andalucía, de relación con la Marea gallega, con Compromís… -… En resumen, son muchas las incógnitas abiertas que habrá ir cerrando a medida que se vea cómo se mueven los protagonistas. 

Al margen de lo que haga cada uno en los próximos días y semanas, en el fondo lo que se dilucida es lo que quiere ser Podemos. Si desea ser un partido más de la izquierda del PSOE que busca alternativas plurales a la derecha o si bien desea, como siempre quiso para su Izquierda Unida- Partido Comunista el gran amigo de Iglesias, a quien admira y del que dijo que toma ejemplo, Julio Anguita, la aniquilación del PSOE para sustituirlo como alternativa orgánica única a la derecha. 

Errejón apuesta con claridad por la primera opción, por la colaboración con los de Pedro Sánchez. Iglesias ha sido el adalid de la segunda, aborrece el PSOE y quiere superarlo. Otros, sobre todo líderes regionales, como aquí entendió hace tiempo Alberto Jarabo, han comprendido que el deseo de alcanzar el “sorpasso” – en el que se entesta el líder nacional – es la mejor manera de dar el poder institucional a la derecha, y por tanto es mucho mejor ser pragmático y pactar con el PSOE en función de la representación de cada uno en cada lugar.  

En Baleares queda en evidencia la pretensión de que en el último congreso nacional la victoria de Iglesias suponía haber cerrado el debate interno. Aquí Jarabo es “pablista” pero no ha tenido inconveniente alguno en buscar un candidato número 1 a las elecciones autonómicas que es “errejonista”. Y apuestan al unísono por el pacto con el PSOE – y los Més- e incluso entrar en el Gobierno regional, incluso si tuviera que forjarse éste con un partido de centroderecha como es el PI, nada menos. 

Podemos en Baleares muestra el camino pragmático y más racional a toda la organización nacional. Lo otro llevaría a Podemos a una progresiva reducción de su fuerza institucional, disminuiría la capacidad de influencia sobre el PSOE y acabaría como una Izquierda Unida – Partido Comunista ampliada. 

Sin embargo, en política el camino más lógico no por fuerza es el que elige un partido político.