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Bauzá quiere fuego en las calles

25

06 2012

José Ramón Bauzá ha amonestado a Rafel Bosch, conseller de Educación, y a todo su equipo, por la tibieza demostrada, a su entender, en la aplicación de la política lingüística en contra del catalán. El presidente quiere más contundencia. Más leña al fuego, en definitiva. Por eso ordenó –y la filtración fue justamente así: ordenó; o sea, manu militari, como le gusta- que se intensifique la cruzada contra la lengua histórica isleña. De ahí que al conseller –hombre de formas más matizadas y pausadas- no le quedara otra que, si no quería dimitir, ponerse al tajo. Así que destituyó a la mayoría de los inspectores de la conselleria y en rueda de prensa, después del Consejo de Gobierno, anunció que el Ejecutivo ya estudia nuevas medidas para cambiar el statu quo lingüístico.
Ahora va a por el Decreto de Mínimos que establece que al menos, de ahí lo de “mínimos”, el 50% de la educación debe ser en catalán. Fue impuesto hace ya casi 20 años por otro gobierno del PP. Un paso adelante en la llamada normalización del catalán. Ahora el PP se lo quiere cargar, al igual que –mediante la reforma de la ley de Función Pública- a la esencia de la ley de Normalización Lingüística, también aprobada bajo un gobierno del PP.
Está claro que Bauzá no quiere que pare de ninguna manera la agitación catalanista de calle y en las aulas. Le gusta. Por eso la provoca todo lo que puede. Todos los cambios legales podría haberlos hecho mucho más rápidamente, buscando minimizar la reacción contraria. Para nada: él, en las antípodas de la responsabilidad. Lo quiere así. Con calles y aulas incendiadas.

La inmersión en catalán y el Govern

01

06 2012

El Govern de Bauzá tiene su política lingüística avalada nada menos que por el Tribunal Constitucional. O sea por la Constitución. La más alta magistratura sentenció que en Cataluña no puede haber ni inmersión lingüística ni la administración puede, en cualquier ámbito, dejar aparte el castellano. Así de sencillo: el monolingüismo en catalán de la administración pública es anticonstitucional. Y dado que según la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 5.1) los fallos del Constitucional crean normativa de obligado cumplimiento en todo el país, y los tribunales ordinarios están obligados a obligar a ese cumplimiento, aquello sentenciado para el caso catalán vale absolutamente para el balear. De hecho, siguiendo aquel veredicto ya se ha pronunciado una vez el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, y también en varias ocasiones su homólogo catalán. Por este lado, pues, todo está meridiano: el Govern puede e incluso debe hacer lo que dice que hace. El problema viene cuando pretende ponerlo en práctica.
Porque ni siquiera hace lo que dice hacer. Por ejemplo en la libertad de elección de lengua por parte de los padres de niños hasta los siete años. La confusión de cómo aplicarla ha sido la norma –en esto están de acuerdo anticatalanistas y catalanistas: todo un logro por parte del Govern- y la chapuza su característica fundamental en la matriculación. Si la conselleria que dirige Rafel Bosch hubiera deseado contundencia, poco follón y claridad, hubiera optado por evitar que la matriculación se hiciera en los colegios, la hubiera asumido directamente y se hubiera preparado –con recursos materiales, humanos y económicos- para hacer frente a aquello a que supuestamente obliga. Sin embargo la dejadez irresponsable es tanta que incluso Bosch ordenó a los centros que se apañen cómo puedan, les dijo que no piensa enviarles más profesores, ni más dinero ni más recursos. En pocas palabras: pasa olímpicamente de la libertad de elección lingüística que dice pretender.
Es peor: allí donde no había problema, a partir de septiembre próximo los puede haber por culpa de Bosch, de su equipo y –no nos engañemos- de Bauzá que es el principal responsable de esa inmensa chapuza irresponsable que ha perpetrado el Govern.